Las instituciones afectadas por la medida, ya habían sido clausuradas administrativamente, de esta forma podían seguir funcionando pero sin admitir nuevos pacientes.

Entre las infracciones más habituales surgidas de las inspecciones están: ausencia de libreta sanitaria, falta de plan de evacuación, conexiones de gas antirreglamentarias, falta certificado de limpieza de tanques, cables expuestos.

Ante la falta de regularización de estas irregularidades el gobierno decidió la clausura.

Diego Gorgal, ministro de Gobierno, aseguró que: “Es nuestra prioridad que las personas mayores alojadas en este tipo de establecimientos no queden expuestas a ningún tipo de riesgo".

Por este motivo las medidas serán graduales y se apelará a la colaboración de las familias de los ancianos.

Además participarán profesionales de distintas áreas del Gobierno, asistentes sociales, psicólogos y médicos especialistas en tercera edad.

En el caso de los ancianos que queden desamparados, el Gobierno porteño se comprometió a su reubicará en establecimientos propios.

La política de control comunal llevada a cabo por el gobierno permitió fortalecer la fiscalización en establecimientos críticos como geriátricos, hoteles, estaciones de servicio, clínicas, industrias y locales vinculados con actividades nocturnas.