Los diputados decidieron tomar cartas en el asunto tras las reiteradas denuncias sobre las condiciones y el tratamiento inhumano que reciben las personas allí albergadas.

En el marco de una investigación regional sobre Derechos Humanos y Salud Mental, durante los años 2004 y 2005, se efectuaron visitas a ambas unidades que permitieron constatar que la violación de los derechos más elementales de las personas es sistemática y permanente.

Los datos más visibles que grafican está situación son la sobrepoblación, la falta de personal, omisión de diagnóstico y tratamiento adecuados, problemas de drogodependencia y el trato cruel e inhumano.

Si bien,  las unidades penales dependen del Servicio Penitenciario Federal, funcionan en el interior de dos neuropsiquiátricos que están bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Ciudad.

Las atrocidades denunciadas y comprobadas contradicen las disposiciones de la Ley 448 de Salud Mental porteña, que propone la transformación un sistema de atención basado en principios retrógrados de punición y de control social, propios de la ideología asilar y manicomial.

La existencia de instituciones penales dentro de la manicomial radicalizan el estigma social de la locura y el crimen favoreciendo la reproducción de ambos y la exclusión de los internos.

La propuesta de los diputados abre el debate en un terreno marginado en la agenda política. A esta ausencia, se suma el vacío legal debido a que la nación carece de una ley de Salud Mental.

La situación denunciada obliga a las autoridades a un serio replanteo y a la puesta en cuestión de las políticas de salud mental, las políticas penales y el propio sistema carcelario.