La decisión de la jueza de instrucción María Angélica Crotto a cargo del sumario, se baso en la falta de control directo de Ibarra sobre el local y a su desconocimiento de la actitud dolosa de algunos de sus funcionarios.

Para la magistrada, el ex jefe de gobierno sólo debía ser responsabilizado si hubiera tomado conocimiento de las irregularidades que permitieron el funcionamiento de la discoteca.

La descentralización administrativa permitía que áreas como la Subsecretaría de Control Comunal o la Dirección General de Fiscalización tuvieran facultades "decisorias" en materias tales como habilitaciones, seguridad y control del funcionamiento de locales clase C.

Por eso, allegados al sumario indicaron que "el ejercicio del poder de policía -relacionado con habilitación y supervisión- se encontraba desconcentrado", atribuido a órganos inferiores a la jefatura de gobierno, en tanto que Ibarra "no debía encargarse personalmente del control sobre la actividad de los locales de baile clase C".