Entre los convocados se incluyó al Defensor del Pueblo de la Nación. La idea de la convocatoria es que las diferentes autoridades muestren ante la justicia la puesta en marcha del plan de saneamiento que presentaron en junio del año pasado.

Los jueces también pidieron conocer los estudios ambientales que se han hecho sobre la actividad de las 44 empresas que fueron señaladas como responsables de la contaminación por parte del grupo de vecinos que dio origen a esta causa.

También se analizará lo hecho en cuanto a atención y prevención de la salud de las 5 millones de personas que viven en la cuenca, entre los que se habían detectado severas patologías a causa de los altos niveles de contaminación.

A raíz de la intervención de la Corte, el Congreso sancionó en noviembre de 2006 una ley que creó un ente único para ocuparse del Riachuelo, ya que ha sido histórico el problema de jurisdicciones.

La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo tiene amplias facultades para tomar medidas sobre cuestiones que afecten a la cuenca, y está integrado por la Secretaría de Ambiente de la Nación y representantes de la Ciudad y de la Provincia.

Con esta,  ya son tres las audiencias realizadas en la Corte por la cuestión del Riachuelo, ya que el año pasado hubo una en donde se escuchó a las autoridades y otra para las empresas.