Junto al Jefe de Gobierno, estuvieron presentes el ministro de Planeamiento y Obras Públicas, Juan Pablo Schiavi, el procurador de la Ciudad, Agustín Zbar y el ministro de Gobierno, Diego Gorgal.

A partir de las 17, en un concurrido Salón Blanco dieron a conocer las tan esperadas medidas que regirán para este tipo de construcciones en algunas zonas críticas de la Ciudad de Buenos Aires.

En noviembre, el Jefe de Gobierno había firmado un decreto 1929/06 que frenaba por 90 días el otorgamiento de nuevos permisos y la ampliación de los existentes para la construcción de edificios de más de 13,5 metros de altura, en seis barrios porteños: Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo, Villa Pueyrredón y Caballito.

El flamante decreto deroga al anterior, y estipula una serie de medidas que buscan endurecer los requisitos en materia de construcción: se exigirá a las constructoras que presenten un certificado de factibilidad del suministro de agua potable y desagües domiciliarios, avalado por el Certificado de Factibilidad Técnica e Hídrica expedida por AySA antes de autorizarlas a iniciar la obra.

Además, se bajará a 5000 metros cuadrados el piso a partir del cual exigirán la presentación de un estudio de impacto ambiental, que hoy es de 10.000 metros cuadrados de construcción.

También estipula la creación de la Comisión Interfuncional de Habilitación que estarça compuesta con representantes de los ministerios de Obras Públicas, Medio Ambiente y Gobierno, y el Comité de Coordinación y Planeamiento de Infraestructura.

Con estos dos organismos se busca abrir espacios de comunicación y debate entre la sociedad civil y el gobierno quién a su vez se comprometió a supervisar las obras.

En la misma dirección, el miércoles se envió a la Legislatura el proyecto de Plan Urbano Ambiental, que está previsto en la Constitución porteña sancionada en 1996. Se trata de la ley marco para definir qué se podrá construir en Buenos Aires y la base para modificar los Códigos de Planeamiento y de Edificación.