El objetivo del encuentro era evaluar los avances de l plan presentado por el Estado Nacional a la uz de un informe de factibilidad encargado por la Corte a peritos de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La exposición de la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, no convenció a la corte que decidió agregar una nueva jornada hoy para continuar con las explicaciones.

El panorama para Picolotti era bastante oscuro, la semana pasada, el ministro de Medio Ambiente porteño, Juan Manuel Velazco, presentó una denuncia ante la Corte en la que pide la "conformación" de la Autoridad de Cuenca y también que se declare anticonstitucional lo actuado "unilateralmente" por la presidenta del ente. A esto se suma el crítico informe de los especialistas de la UBA.

En la primera audiencia, Picolotti había estimado en 15 años el plazo para el saneamiento: pidió 5 para que todos los vecinos de la zona afectada tengan distribución de agua potable y 15 años para que cuenten con cloacas.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, introdujo la cuestión de la asignación de recursos, como garantía de la continuidad de las tareas de limpieza y saneamiento.

La funcionaria reconoció que la prolongación en el tiempo de las tareas dificulta la previsión presupuestaria. Aún así, esta vez brindó precisiones sobre las tareas que ya están en marcha y las previstas para las próximas etapas, y respondió algunos.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Nacional, Eduardo Mondino, afirmó que directamente que “no hay plan”. Sostuvo que “El informe de la UBA es contundente: No se le da al tema sanitario la envergadura que tiene. El trabajo sanitario es del Ministerio de Salud. Hace 4 años que pedimos los estudios epidemiológicos. Es un gran debate que tenemos con el Ministerio de Salud. Ayer una directora planteó que van a armar una vigilancia epidemiológica. El retiro de los basurales depende de la Secretaría de Medio Ambiente. Pedimos un plan sanitario”.

Santiago Kaplum, abogado de de Beatriz Mendozala la principal denunciante en la causa que llegó a la Corte , dijo que :“Principalmente el plan del Gobierno no nace de una convicción genuina de sanear el Riachuelo sino que surge porque la Corte los intimó por esta demanda. Ese plan adolece del tratamiento de la salud de la víctimas”.

La secretaria de Medio Ambiente rechazó que la calidad de vida de la población no fuera una prioridad del plan oficial, aunque reconoció que las medidas que se adoptan apuntan a que sea "lo menos doloroso posible el costo social". En ese sentido, recordó las clausuras efectuadas hasta la fecha.

Los ministros le pidieron precisiones sobre los planes de salud dirigidos a la población de la cuenca, estudios de impacto ambiental referidos a las industrias contaminantes y monitoreos e información estadística sobre la contaminación del agua, el aire y el suelo.

Las ONG y las instituciones sociales ya habían pasado, pero las críticas no aminoraron. Las empresas, además de defenderse, también cuestionaron el plan del gobierno nacional. Los abogados de las firmas Antivar, Orvol y Tagsa sostuvieron que no existen estudios de impacto ambiental serios y que tampoco hay planes de relocalización que permitan a los trabajadores no perder sus fuentes de trabajo en caso de ser cerradas esas empresas.

Pasadas las tres horas de ponencias y debate, el tribunal dio por finalizada la audiencia. Luego de evaluar la información recabada, podría convocar a una nueva audiencia en para supervisar los avances del plan, o directamente pasar a resolver y emitir un fallo que podría ordenar a los estados comprometidos con la cuenca a realizar determinados trabajos para el saneamiento.