Por primera vez, la Justicia acusó a una dirigente barrial por el incendio que el 8 de febrero destruyó la villa El Cartón, en Soldati. La fiscal, afirmó que la dirigente participó de la planificación del incendio para presionar a la Comuna y obtener viviendas o subsidios.

Por este motivo, le pidió al juez Horacio Azzolín que cite a indagatoria a Gladys Miño, una dirigente del Barrio Ramón Carrillo vinculada al ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. Y solicitó igual medida para Víctor Hugo Valdez, el dueño de la casilla donde empezó el fuego.

Todo se desprende de la causa donde se demostró que el incendio fue intencional. En el pedido ahora la fiscal sostiene: "No puede pasarse por alto que este siniestro no fue producido sin planificación alguna, en una fecha muy próxima a las elecciones porteñas y que su producción fue perfectamente planificada por dirigentes barriales (entre los que se encontraba Miño, quien además figuraba como candidata a legisladora de la Ciudad) que tenían como objetivo la utilización de un desastre de tal magnitud que les permitiera la presión a las autoridades locales para la obtención de una vivienda o un subsidio".

En las elecciones del 3 de junio, Miño fue candidata en el puesto 15 de la lista de Ibarra, que acompañó la fórmula kirchnerista de Filmus-Heller. Miño, aseguro no tener relación con la Villa Cartón y mencionó "razones políticas" detrás de la acusación.

En su escrito, Cuñarro asegura que los dirigentes "idearon el incendio, planificaron su producción, haciéndolo saber a la mayoría de los habitantes quienes aproximadamente a las 5 horas sacaron de sus casas electrodomésticos, ropa, colchones y los caballos, que fueron llevados al Barrio Ramón Carrillo, específicamente a la casa de una de las hijas de Miño, referente político de ese barrio".

Y asegura que "Miño no sólo fue señalada como una de las responsables de la organización del incendio por declaraciones testimoniales sino corroborado por prueba. Tenía las herramientas necesarias para participar en el siniestro y sin duda los motivos para su efectivización, era referente política del partido opositor".

El delito investigado se denomina estrago, contra la seguridad pública, con una pena de 3 a 10 años de prisión si hubiere peligro común para personas y bienes.

El procurador de la Ciudad, Agustín Zbar, sostuvo que: "Lo que sostuvimos como querellantes ahora está probado y demuestra que hubo campaña sucia. Pediremos que se investiguen las vinculaciones políticas de Miño, con el uso de los teléfonos en los días del incendio".

Otro dato que se tuvo en cuenta fue la coincidencia del incendio con la realización de un censo porque había aprobada una partida para construir casas en un predio de Castañares y Varela.

Fuente: Clarín