El viernes 10 de agosto el INCAA redactó una Resolución designando los jurados para la realización de llamados a convocatorias de proyectos documentalespara ser editados en video digital.

En la Resolución se detalla la conformación de dos jurados de tres miembros cada uno. El primero para evaluar proyectos a ser presentados en en la SALA I (películas documentales con terminación en 35 mm), y otro a cargo de evaluar proyectos del nuevo régimen de adquisición de derechos televisivos para documentales con finalización en video digital, agrupados en la SALA II. Además, se establece la figura de un presidente de ambas salas en representación del INCAA.

Los jurados que figuran en la resolución son: SALA I: Carmen Guarini (DAC), Miguel Mato (DIC), Pepe Salvia (PCI). SALA II: Osvaldo Bayer (intelectual independiente), Ernesto Ardito (DOCA), Andrés Habbegger (ADN). Presidenta del Jurado: Vanesa Ragone.

Esta Resolución marca la independencia de ambas salas, tanto en su funcionamiento como en su reglamentación, y tiene en cuenta las especificidades de producción y de sistemas de presentación ya que el nuevo régimen cuenta con cuatro llamados anuales específicos.

Esta iniciativa planteaba un hito para la apuesta a una gestión democrática que apuesta por la diversidad y la igualdad por parte del INCAA.

Finalmente el lunes pasado los integrantes de la Asociación de documentalistas argentinos –DOCA- se notificaron por boca de la Vicepresidenta del INCAA, María Lenz, que el instituto no firmaría la Resolución.

Aquello que parecía un paso adelante para garantizar la transparencia en el modo en que se hace uso y se otorgan los recursos destinados a la producción cinematográfica por parte del Estado, se abortó sin mayores explicaciones.

Por eso, desde el DOCA organizaron la marcha de las cámaras y convocan a todos los cineastas, documentalistas, estudiantes de cine, personalidades de la cultura, organizaciones sociales y culturales del país para la defensa de la cultura y por la democratización y la transparencia de los dineros destinados al cine.

La falta de resolución de este tema, afecta a cientos de documentalistas independientes de todo el país.