Cerca de 12 mil inmuebles están usurpados en la Capital Federal y la revalorización de los precios de la vivienda hizo que en los últimos meses se aceleraran los juicios de desalojo en distintos barrios porteños, según el presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, Enrique Abatti.

También señaló que la revalorización de los precios de los inmuebles hizo que en barrios como San Telmo o Caballito los dueños de inmuebles usurpados aceleraran los juicios de desalojo para disponer de las propiedades.

Ejemplificó que hace cinco años en un barrio como San Telmo el metro cuadrado se comercializaba a 700 dólares y ahora, en el caso de inmuebles nuevos o antiguos reciclados, se valúa en 1.400 dólares el metro cuadrado.

El abogado describió que las usurpaciones masivas comenzaron en la Capital Federal en 1984 y de ahí "fue imparable, por el enorme déficit habitacional".

Dijo que los inmuebles usurpados no sólo son de particulares, sino que también se han tomado edificios que pertenecen al Estado Nacional y al Gobierno de la ciudad.

Abatti describió que muchos de los usurpadores son inmigrantes ilegales, "que nadie les alquila porque no tienen garantía para presentar" al querer firmar un contrato de alquiler. Comentó que los inmuebles usurpados muchas veces son desmantelados por sus ocupantes, que roban caños de plomo, bronce, puertas y ventanas.

"Quedan en un estado tal que lo único que queda por hacer es demolerlos para que se construya un nuevo inmueble", explicó.

Consultado sobre cuál es el destino de los usurpadores desalojados, dijo que "vuelven a usurpar otro inmueble o se van a vivir a las villas miseria".

A criterio del abogado, el remedio para atender el déficit habitacional es acrecentar la construcción de vivienda social, dado que a su criterio ésta "es la gran deuda que tiene el Estado con sus habitantes".

Recordó que "el artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice que el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda digna a todos los habitantes de la Argentina. Eso no quiere decir que deben regalarse las viviendas.

Sino que el Estado debe brindar los medios para el acceso a créditos baratos para comprar vivienda social", opinó.

A su criterio, "debería ser una obligación insoslayable del Banco de la Nación Argentina y de los bancos provinciales que todavía son estatales, e incluso de la banca privada", atender las necesidades de los más humildes en su adquisición de vivienda.

Opinó que se podría acelerar la construcción de emprendimientos para clase media "si se disminuyera la presión tributaria para los emprendedores inmobilarios, a través de la rebaja del IVA o de diferimiento fiscal".

Fuente: TELAM