Varios de los agredidos, patrocinados por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y CORREPI SUR, querellaron al personal policial y a quienes dieron las órdenes represivas. De esta forma, consiguieron abrir un proceso de mediación para resolver su situación y a través de una medida precautelar lograron la autorización para trabajar en la zona mientras se realiza la mediación.

Además de los numerosos heridos durante la represión, cuatro de los trabajadores fueron detenidos y sometidos a proceso penal. Entre otras falsas imputaciones, se los acusa de "daño" causado a uno de los escudos policiales.

Los efectivos policiales y la DOUCAD (un grupo estrenado en la represión frente a la Legislatura porteña), respondían a las órdenes del Comisario Inspector Pedace, y el titular de la Comisaría 25ª, el Comisario Cabezas.

“La acción responde a los requerimientos de las autoridades políticas de la ciudad, que gustosamente aplican el Código Contravencional y, de paso, hacen el trabajo sucio de dejarle la ciudad limpia a Macri”.

Pero l a lucha por el control de las calles, que tuvo sus momentos más fuertes en los cacerolazos del 2001 y 2002 y más tarde resurgió en los reclamos contra la reforma represiva al Código Contravencional, continúa.

Fuente: Boletín Correpi Sur