El Casino fue clausurado hace diez días por orden de la jueza Servini de Cubría.
Cecilia Berra, vocera de los trabajadores del Casino flotante, explicó que "la medida de fuerza se debe a que queremos volver a trabajar", destacó que "no queremos pasar las fiestas en la calle" y dijo que "somos unas 90 familias afectadas por los despidos".

Agregó que la medida será mantenida hasta que tengan una respuesta satisfactoria al pedido.

Los trabajadores encadenados solicitan una reunión también con algún funcionario del Ministerio de Trabajo, con la jueza de la causa, María Servini de Cubría, o con el propietario del Casino Flotante.

"Le enviamos una pedidos a la Presidenta de la Nación para que nos reciba, pero hasta la fecha no recibimos ninguna respuesta, por eso decidimos mantener la medida frente a la Casa de Gobierno", señaló la vocera de los trabajadores.

Finalmente, recalcó: "vamos a seguir con esta medida, que es pacífica, hasta que la situación se resuelva".

El 17 de noviembre pasado los empleados del Casino flotante, amarrado en Puerto Madero, iniciaron un paro de actividades en reclamo de mejoras salariales y la reincorporación de unos 100 despedidos, medida que generó una batahola entre los huelguistas, miembros del sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA) y del sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

En la noche del 4 de diciembre se desató otro violento incidente cuando los empleados que realizaban un acampe frente a la casa de juegos impidiendo el ingreso de los clientes fueron reprimidos por personal de la Prefectura Naval, donde tres trabajadores y 3 suboficiales de la policía costera sufrieron heridas, uno de ellos de gravedad, y otros 11 operarios detenidos.

Tres días después, los trabajadores resolvieron levantar el bloqueo que mantenían a las salas de juego en el marco de la conciliación obligatoria dispuesta horas antes por el Ministerio de Trabajo.

El 12 de diciembre, cuando los trabajadores se presentaron a trabajar, no se le permitió el ingreso a unos 90 de ellos -medida dispuesta por la jueza-, por lo que 1.500 empleados resolvieron iniciar un nuevo paro de actividades y un grupo de ellos se encadenó en Plaza de Mayo.

Fuente: Clarín