La justicia volvió a trabar este lunes la intervención de la obra social de los municipales (OBSBA) dispuesta por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. La jueza en lo contencioso administrativo, Elena de Liberatori, decidió dar lugar al amparo presentado por el sindicato de los trabajadores de la administración pública porteña (SUTECBA) en contra de la Ley 2.637 que facultó a Macri para disponer la intervención de ObSBA.
Ante un nuevo planteo presentado este lunes por mañana por el abogado de la obra social Andrés Gil Domínguez, Liberatori sostuvo que debe seguir vigente el actual directorio de la obra social y que la figura del interventor sólo está legitimada para lo que se refiera a la tarea de desregulación de ObSBA.

Para la jueza, el directorio actual tendrá que seguir en funciones en lo que implique el gobierno de la obra social, ya que la ley 26037 aprobada en la Legislatura porteña sólo facultó a Macri a iniciar el proceso de desregulación.

Por su parte, el procurador de la Ciudad, Pablo Tonelli, anunció que apelarán la nueva resolución de la jueza. "Vamos a hacer dos apelaciones, una por cada fallo de la jueza", indicó Tonelli y dijo que las disposiciones de la magistrada le parecen "un grave desacierto jurídico".

En tanto, el secretario de Prensa de Sutecba, Enrique Pistoletti, insistió con que el gremio continuará "en el fuero judicial" la discusión de la intervención, pero aclaró que no se obstaculizará la tarea de Rey en la ObSBA.

En este marco, el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba) presentó el viernes último una intimación ante la Procuración, en la que pidió que "se deje sin efecto" la intervención.

En el escrito, consideró que "no hay motivos suficientes para la intervención" y planteó la "inconstitucionalidad del artículo 37 de la ley 472".

La ley 472, de creación de la OBSBA, dispone que su directorio debía encarar el proceso de adhesión al sistema nacional de obras sociales, que liberaba a los afiliados, antes del 1 de enero de 2003, algo que finalmente no concretó.

Sin embargo, Sutecba recordó que existe una "medida cautelar firme y consentida por el gobierno de la Ciudad, dictada por el juzgado federal de seguridad social 7, que suspende los efectos del artículo 37 de la ley 472".

En declaraciones por Radio Continental, Tonelli dijo que: "La jueza está actuando con una celeridad nunca vista. Ha cometido algunos errores procesales muy graves, porque en un caso así cuando se trata de dictar una medida cautelar que afecta a un servicio público o a una función esencial de la administración, la ley la obliga a que le corra una visa, un traslado al Gobierno de la Ciudad por dos días para que el gobierno opine. Y la jueza ha omitido ese traslado tanto respecto a la medida cautelar que dictó el jueves como la que dictó el lunes. Ese es un vicio procesal muy grave, porque ha dejado el gobierno sin la oportunidad de expresarse, sin la oportunidad de defenderse".
 
Fuente: TELAM