El 16 de marzo de 2005 desapareció Florencia Penacchi, la joven neuquina, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y empleada del IVC del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Todo parece indicar que podría formar parte de las 500 mujeres y niñas desaparecidas para ser explotadas por las redes de la prostitución.  Este negocio tiene las mismas dimensiones que el del narcotráfico o el del tráfico de armas y se calcula que mueve 32 millones de dolares al año a nivel mundial.

Como en tantos otros casos la justicia se resiste a tipificar los casos de desapariciones como posibles secuestros perpetrados por las redes de trata de personas para el negocio de la prostitución y por lo tanto se pierden las líneas de investigación.

En el caso de Florencia, la justicia y la policía descartaron esta posibilidad de plano desde el primer momento. Aseguraban que una llamada que hizo a su jefe el día de la desaparición, indicaría que no fue secuestrada. Decenas de casos muestran que esto es falso. Hay mujeres que desaparecen y aparecen alternadamente y que mantienen el vínculo en base a amenazas de muertes a sus familiares y otros métodos similares.

El gobierno kirchnerista está embarcado desde el año pasado en la salida de una ley que encubre a los tratantes, que establece una diferencia entre secuestro de mayores o menores, que no incauta los bienes de los tratantes, que impone penas irrisorias, que no persigue la via de la complicidad institucional (funcionarios demigraciones,policias, funcionarios del ministerio del interior, etc) y que no se plantea la investigacion de grandes inversiones economicas, como la instalacion de grandes hoteles en el sur, cuya unica finalidad es la de ofrecer turismo sexual.

El proyecto de Anibal Fernández tiene media sanción del senado, fue impulsado alli por la senadora Vilma Ibarra, y su aprobación contó con el apoyo de algunas funcionarias kirchneristas como María José Lubertino.

Aníbal Fernández y Néstor Kirchner firmaron un decreto de necesidad y urgencia en diciembre, ya que la acción de las agrupaciones y las movilizaciones realizadas en el congreso, hicieron fracasar su intento de que su ley estuviera antes de fin de año, como exigían a la argentina organismos internacionales. Pero el decreto en cuestión no representa más que un acto encubrimiento de la inacción deliberada que hay de parte del gobierno que hace que no se acabe con este negocio que incluye funcionarios, clientes, turismo, inversiones, en definitiva una extensión imposible de no ser percibida.

Distintos organismos de Derechos Humanos y agrupaciones de izquierda exigirán este miércoles:

La aparición con vida de Florencia.

El desmantelamiento de las redes de trata de personas para el negocio de la prostitución y del trabajo esclavo como costureros.

Cárcel a funcionarios y policías cómplices.

Rechazo al proyecto de ley kirchnerista que encubre a los tratantes.