El Código Penal de la Nación define como “abortos no punibles” a todos aquellos “que buscan evitar un peligro para la vida o la salud de la madre o cuando el embarazo proviniera de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.

En la fundamentación del proyecto, que cuenta con la coautoría de las diputadas Silvia La Ruffa (Frente para la Victoria) y Verónica Gómez (Partido Socialista), se asegura “que el sistema sanitario tradicionalmente ha vedado el acceso al aborto no punible, causando así un grave perjuicio a las mujeres más humildes y que esto ha sido consecuencia de la conducta médica que acostumbra a requerir autorización judicial para la prosecución del procedimiento”.

El diputado porteño destacó que: “en los últimos años se han generado en nuestro país diversas iniciativas de índole legislativa o administrativa, en niveles de gobierno y estados provinciales. Tales iniciativas han buscado garantizar mecanismos que permitan el ejercicio del derecho de la mujer a la interrupción de la gestación en los supuestos admitidos por nuestro sistema penal, a la vez que otorgar un marco de seguridad jurídica a los profesionales medicos”.

Y agregó: “Por intermedio de este proyecto -que hace extensiva hacia el sector privado y las obras sociales una regulación que ya rige en el sistema público de salud de la Ciudad mediante una resolución del Poder Ejecutivo- se procura abarcar un margen más amplio de cobertura al incluir la distinción entre salud física y psíquica y al establecer el procedimiento en el caso de violación de la mujer”.

La propuesta cuenta con la adhesión de las legisladoras Diana Mafia (Coalición Cívica), Facundo Di Filippo (Coalición Cívica), Martín Hourest (Igualdad Social), Patricia Walsh (Nueva Izquierda) y Gabriela Cerruti (Frente para la Victoria).