En la sesión del jueves pasado, los legisladores de la oposición consiguieron la mayoría para avanzar con la modificación de la ley de Emergencia Habitacional por la que establecé que "durante la vigencia de la Emergencia Habitacional, se suspenden los desalojos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, de todos aquellos inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad, utilizados con uso manifiesto de vivienda, que hasta la fecha de promulgada la presente Ley se encuentren ocupados por grupos familiares en situación de pobreza crítica".

Entre las obligaciones que marca la norma, se acordó que el Ejecutivo deberá presentar un Plan Progresivo de Solución de la Emergencia Habitacional, que coordine las acciones destinadas a resolver las situaciones de emergencia habitacional.

El Presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, Facundo Di Filippo, abrió el debate considerando que el proyecto propuesto tiene por objeto "generar las herramientas para paulatinamente ir paleando el déficit habitacional planteado", y agregó que "hoy la Emergencia Habitacional no tiene herramientas para hacerla exigible y la política habitacional hace agua por todos lados".

Entre los cambios se destaca la modificación del artículo 8°, por lo que establece que  aquellos juzgados que lleven adelante los juicios por desalojo en la Ciudad deberán realizar un informe socio ambiental de los demandados y lo remitirán al Ministerio de Desarrollo Social porteño para que este adopte las medidas habitacionales o de protección de derechos correspondientes.

Por su parte, el presidente del bloque PRO, Oscar Moscariellojustificó su voto negativo en que "la Emergencia Habitacional ya está declarada por ley. De avalar esta disposición nos estaríamos metiendo en decisiones que el propio Poder Judicial debe tomar". Y agregó, entre otros argumentos que "el proyecto no presenta propuestas habitacionales eficaces; este planteo contempla un escenario demasiado amplio e impertinente. Para lo que se intenta emprender, aprobar el proyecto implica avalar una situación de ilegalidad y patear la solución hacia adelante".

A su turno, en representación de la Nueva Izquierda, Patricia Walsh, remarcó: "es innegable que la ciudad continúa en emergencia habitacional, no se puede pensar otra cosa hasta fines de 2010. Hay más de 600 mil personas, uno de cada cinco porteños, con problemas de vivienda en la ciudad más rica del país.  Esto se llama Emergencia Habitacional. Creo que este proyecto va en sentido correcto".