Las 300 familias que habitaban el edificio ubicado en Caracas al 2.700, a metros de las vías del ferrocarril San Martín, fueron desalojadas de forma pacífica luego de que el Gobierno acordara la entrega de subsidios de entre 12 mil y 20 mil pesos para que se marcharan del predio.

Luego de resistir la primera sentencia de desalojo que en marzo de 2007 dictó la jueza, Dolores Miguens, haciendo lugar a las denuncias de los dueños, los habitantes comenzaron las negociaciones con el Ejecutivo porteño para llegar a una solución a su déficit habitacional.

El gobierno de Macri firmó un contrato por el que se comprometió a otorgar en dos pagos el dinero para un crédito. Un adelanto del dinero, destinado a la construcción de viviendas transitorias, fue otorgado, y la segunda parte  debía ser entregada el día de la mudanza.

En esta ocasión, el Ejecutivo dispuso camiones para que los habitantes puedan los traslados hacia los lugares donde serán reubicados.

La “La Lechería”, era parte de una cooperativa de lecheros que dejó de funcionar en el ’68, desde hace 20 años el edificio de tres pisos fue tomado por familias sin hogar que lo subdividieron con ladrillos para formar precarias casillas, sin agua potable ni cloacas.

Las familias que habitaban el predio se nuclearon en tres cooperativas y de esta forma pudieron gestionar con el Gobierno una “solución habitacional”.

Luego del desalojo, los vecinos fueron reubicados en los barrios de Mataderos y Villa Lugano, y en zonas de San Martín, José C. Paz y Derqui, en la provincia de Buenos Aires, dijeron miembros de las cooperativas.

Los integrantes de la Cooperativa de vivienda Los Bajitos, denunciaron la discriminación de los vecinos de Mataderos cercanos al terreno de la calle Basualdo al 700, donde deben reubicarse las familias. Un grupo de vecinos de la zona comenzaron a reunirse y a repartir volantes con leyendas como "¿quiere saber con quien vive?".

Los miembros de la Cooperativa tuvieron el fin de semana una reunión con el Gobierno, donde estuvieron presentes varios ministros y Omar Abud, de la Corporación Buenos Aires Sur, que es el encargado de solucionar el conflicto, para reclamar por la seguridad del traslado y el depósito del dinero la segunda parte del dinero.