La publicación del decreto en el Boletín Oficial el miércoles pasado desató un aluvión de críticas al Gobierno, que finalmente debió modificar la polémica normativa que exigía a los empresarios privados presentar información del ámbito laboral, pero también del personal de sus trabajadores vulnerando el derecho a la intimidad de los mismos. 

A través de un comunicado del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, el Gobierno porteño confirmó hoy la supresión del Registro de Empleadores on line.

El decreto estipulaba que las compañías tenían plazo hasta el 30 de septiembre para  brindar información sobre la vida privada de los empleados como: adicciones, enfermedades, nivel de educación, y composición familiar.

Diputados de la ciudad de Buenos aires y especialistas en derechos humanos criticaron la medida del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por considerarla una “violación a las garantías constitucionales”.

El titular del bloque kirchnerista de la Legislatura, Diego Kravetz, Macri declaró que el decreto estaría violando “la Ley Nacional y local de Hábeas Data, porque siendo datos sensibles de una persona y sin pedir al empleado autorización, quieren circularlo a terceros, en este caso al Gobierno de la Ciudad".

El abogado especialista en derechos humanos Alejo Ramos Padilla explicó que la medida "es un claro avance en desprecio del artículo 19 de la Constitución Nacional, que habla sobre el respeto al ámbito privado de cualquier persona".

Representantes de las entidades empresarias también expresaron su rechazo, y denunciaron que el registro creado por Macri "viola las libertades y derechos individuales de cada persona, y utiliza a las empresas como si fueran un instrumento para extraer información".

"Los empresarios Pymes consideramos incorrecto tener que completar planillas sobre nuestros empleados, informando sobre sus adicciones e intimidades a los organismos oficiales de la Ciudad", advirtieron dirigentes del Regional Buenos Aires de APYME, en un comunicado.

Desde Autonomía con Igualdad, el legislador Alejandro Rabinovich, sostuvo que "el Estado no puede, de ninguna manera, exigirle a las empresas que le brinden datos de la vida privada de sus empleados”, y a punto que "no existe ningún motivo lógico que explique por qué se les pide a las empresas que den información sobre cuántos empleados sufren algún tipo de adicción; e incluso se podría decir que esta demanda del Poder Ejecutivo es inconstitucional"

Al conocer la decisión de modificar el  decreto, Rabinovich aseguró que la modificación "sanea la inconstitucionalidad en que se había incurrido".