La presentación surgió a causa de las constantes violaciones a derechos básicos como la libre circulación y la defensa a las que son sometidos los ciudadanos africanos, migrantes latinoamericanos y argentinos pobres.

Distintas organizaciones sociales y de Derechos Humanos comenzaron a denunciar la situación a raíz de la violación al Estado de Derecho cometido contra dos ciudadanos senegaleces al rechazar la acción de hábeas corpus presentada en enero por tres vendedores ambulantes oriundos de ese país sin escuchar sus testimonios y considerar nuevas pruebas

Los vendedores ambulantes afirman que sufren humillaciones, detenciones, intimidaciones, procesos, "extravíos" de documentos, secuestro de pertenencias y violaciones sistemáticas del derecho de defensa y de circulación.

“No se trata de este fiscal o aquel policía en particular, sino del funcionamiento institucional racista. Este funcionamiento racista además de resultar en restricciones ilegales a la libertad probadas es una amenaza permanente. Denunciamos una situación colectiva, y creemos que son responsables de investigar y dar soluciones las máximas autoridades de la Ciudad” manifestó Malena Derdoy, abogada patrocinante.

Desde el Movimiento Afrocultural sostuvieron que, “El reclamo se centra en que las personas africanas, afro-originarias, migrantes latinoamericanas y argentinas pobres no pueden transitar por la calle libremente y gozar del espacio público y los derechos a la integridad física y la libertad y seguridad personales, porque cotidiana y sistemáticamente son detenidas, interrogadas, identificadas, vigiladas e investigadas sin justificación razonable y violando derechos individuales a la intimidad, libertad, integridad, debido proceso, entre otros, por la policía, la fiscalía y órganos de gobierno”.

La impunidad de estas violaciones a la libertad ambulatoria tiene como consecuencia el encubrimiento y la impunidad de otros abusos, incluso más graves, como lesiones, robos, agresiones con armas, y arrestos clandestinos. “Las estadísticas oficiales prueban que los resultados racistas denunciados existen por lo menos desde que se puso en funcionamiento la administración de justicia de la Ciudad, hace más de 10 años. Estos resultados se deben a la aplicación de perfiles racistas, en base a los cuales la policía restringe la libertad ambulatoria de la comunidad de personas africanas, afro-originarias y pobres en general, quienes somos controladas, detenidas, interrogadas, vigiladas, investigadas y procesadas por la policía, la fiscalía y las y los jueces de faltas de manera desproporcionada y sin justificación legal“, manifestó Celestin Sukama, Presidente de IARPIDI (Instituto Argentino para la Igualdad y la Diversidad).

La situación se torno aún más preocupante cuando, el 10 de julio pasado, un agente de civil de la policía federal disparó contra un vendedor ambulante senegales que pasaba ofreciendo bijouterie  por un bar de Constitución. La abogada María del Carmen Verdú, presidenta de la CORREPI (Corriente Contra la Represión Policial e Instituciona), sostuvo que tras permanecer algún tiempo demorado, el policía fue dejado en libertad y sólo se lo acusó de "abuso de armas" y "lesiones".

Bajo las consignas: “sospechosx por negrx””, “sospechosx por pobre”, “la libertad no tiene color”, “subsistir no es un crimen”, “basta de racismo”, diferentes organizaciones sociales convocan a apoyar el reclamo el próximo miércoles.

Según un informe del Colectivo para la Diversidad, la mayoría de las personas de origen africano y latinoamericano que vive en Argentina es pobre y gana dinero mediante el comercio informal. "Un informe del Banco Mundial de 2006 confirma que las personas negras y afrodescendientes que viven en ciudades argentinas subsisten apenas sobre la línea de pobreza. En similar situación se encuentran las comunidades paraguaya, peruana, boliviana, dominicana y senegalesa de nuestro país. El 90% de los(as) africanos(as) sobreviven gracias a la venta ambulante".