El lunes a la salida de la reunión de gabinete, Macri justificó la desición por la sobrecarga de pedidos que recibe la administración porteña. Por ello, adelantó que a partir de ahora los vecinos tendrán que pagarle a firmas privadas para podar sus árboles.

Los reclamos por ramas y raíces ocupan el segundo puesto en el ranking de pedidos: sólo en 2008 hubo más de 40.000 pedidos de intervención sobre un total de 150.000 árboles ubicados en espacios públicos y otros 360.000 repartidos en las calles de la ciudad. 

De aceurdo a la ley 155, los vecinos de la Ciudad no pueden realizar intervenciones en los árboles, en la práctica esto  genera la creciente derivación de pedidos vecinales que la comuna no puede cubrir. Según informaron desde el ministerio de Ambiente y Espacio Público ya son 150.000 atrasos y la demanda es creciente.

Los interesados tendrán que llamar a un grupo de empresas que se encuentran bajo el control de inspectores del gobierno porteño y se encargarán de prestar sus servicios de poda.

La resolución despertó la preocupación de distintas organizaciones ambientalistas, que preveen que esta privatización del servicio podría ocasionar una poda indiscriminada para aumentar el negocio.