El allanamiento se produjo  a raíz de una denuncia de maltrato presentada por el asesor Tuterlar de Menores e Incapaces, Gustavo Moreno, por el ataque a una mujer de 30 años embarazada que fue golpeada por agentes de la UCEP el 10 de octubre pasado en la calle Pasco al 1200, junto a cinco chicos menores.  Por este motivo, el asesor requirió a la justicia del fuero Contencioso Administrtivo allanar las oficinas de la Unidad.

El procedimiento judicial se realizó desde las 11 de la mañana en el quinto piso del edificio ubicado en Carlos Pellegrini 291 con el fin de obtener documentación sobre los irregulares operativos que lleva a cabo el organismo, y en particular, aquellos en los que estuvieron involucrados menores de edad.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Defensoría General y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) habían dado por acreditadas 14 denuncias que indican que esta unidad desaloja con violencia a personas que viven y duermen en las calles porteñas.

La legisladora porteña de Proyecto Sur Liliana Parada, otra de las denunciantes, sostuvo que el allanamiento fue producto de "la política de exclusión que está teniendo (el jefe de Gobierno porteño Mauricio) Macri".

"Tratan de limpiar las calles de Buenos Aires de pobres, pero tirándolos del otro lado de la General Paz. Ofrecen dinero primero, y si no se van con dinero, se van a los golpes", aseguró Parada al canal de cable C5N.