Los vetos que dieron marcha atrás a las leyes aprobadas por la Legislatura el 26 noviembre de 2009 fueron publicados en el Boletín Oficial los días 12/01/10 y 13/01/10.

Mediante tres decretos Macri logró vetar este conjunto de leyes que implicaban un paso adelante en materia de DD.HH. en la ciudad. El Observatorio de Derechos Humanos porteño difundió un comunicado en el que advierte que con “débiles argumentos se realizó el veto total de estas normas, ocultando a la sociedad los verdaderos argumentos políticos e ideológicos que sustentan estas decisiones”. 

A través del Decreto 15/10 firmado por Macri, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Justicia,Guillermo Montenegro, se frenó la Ley 3298 por la cuál se creaba el Comité para la Prevención de la Tortura en la Ciudad de Buenos Aires que estaba “destinado a prevenir torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los lugares de detención e internación, públicos y privados".

Una de las  principales funciones del Comité era realizar visitas periódicas, con o sin previo aviso, a cualquier lugar o sector de distintos organismos, como cárceles, institutos para niños, niñas y adultos mayores, comisarías y hospitales psiquiátricos.  El Observatorio consideró que es “fundamental que en nuestra ciudad funcione un organismo de dichas características, teniendo en cuenta, además, la creación de la Policía Metropolitana que empezará a actuar próximamente”.

Otra de las leyes vetadas fue la 3268, impulsada el por diputado del Frente para la Victoria Juan Cabandié, que establecía la creación del Registro de Ex Presos Políticos en línea con el Programa Nacional de Ex Presos Políticos que funciona dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El decreto 6/10 que vetó esta ley sostiene “que no surgen del texto en análisis, razones, necesidades o finalidades que justifiquen la creación en el ámbito local de un registro como el propuesto, máxime cuando se pretende incorporar al mismo casos de todo el territorio nacional”.

Mediante el Decreto 16/10, el Ejecutivo porteño también vetó la ley 3299 que le otorgaba un subsidio de 72 mil pesos a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El Observatorio de DD.HH. porteño informó que “el principal fundamento del veto es que el control y rendición de dicho subsidio debe hacerlo la Auditoria y no la Legislatura, como dice la ley, lo que podría haberse traducido en tan solo un veto parcial de un articulo y no en toda la ley”.

Además, a pocos días del lanzamiento de la Policía Metropolitana, se anuló la creación de los Foros de Seguridad (Fosep) que disponía “la efectiva participación comunitaria en la elaboración, diseño, evaluación y seguimiento de las políticas públicas de seguridad”.