Los legisladores nucleados en  Proyecto Sur enviaron una carta al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, donde cuestionan la compra de cinco  armas paralizantes “Taser X26” para la nueva fuerza de seguridad porteña y exigen al funcionarioque revea su “decisión de proveer de este tipo de dispositivos a los efectivos de la Policía Metropolitana”.

Además, solicitaron información sobre tipo y cantidad de armamentos con que está equipando a la nueva policía y subrayaron que este tipo de armas son cuestionadas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional, por considerar su uso como método de tortura.

Los legisladores aseguraron que el uso de  armas de descarga eléctrica de alto voltaje es considerado desde 2007 una forma de tortura por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (Informe del 63º período de sesiones, supl. 44, A/63/44).

En la carta también exhortaron al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, a “que transparente el verdadero rol de la Policía Metropolitana, ya que la compra de picanas eléctricas portátiles, no va en el camino de ‘respeto absoluto a los derechos humanos’ como dijo el propio Jefe de Gobierno o de una ‘policía comunitaria cercana al vecino y con actitud preventiva’, según palabras del Jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco. Este tipo de iniciativas representa un paso más hacia una fuerza policial de carácter exclusivamente represivo y que desconoce todos los pactos y acuerdos internacionales en defensa de los derechos humanos a los que Argentina suscribe”.

Otro de los que salieron a criticar duramente al Gobierno porteño por la compra de las Taser X26 fue el legislador de Encuentro Popular para la Victoria y dirigente de CTERA Francisco "Tito" Nenna, quien afirmó "el delito no se combate con picanas".

"Las Taser X 26 son ni más ni menos que picanas aggiornadas y modernas que descargan electricidad", explicó Nenna quien relacionó la compra de las picanas móviles con el veto de Macri a la ley 3298, que creaba el Comité contra la Tortura.
"No es casual que se vete una ley que prevé monitorear que no se torture en cárceles y comisarías, y a la vez se dote a la nueva policía de este tipo de armamento".

El legislador de la Ciudad, Fabio Basteiro mostró su “profunda preocupación” por la adquisición de esas armas, que según denunciaron “son cuestionadas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional por considerar su uso como método de tortura”