Macri, acompañado por el Jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, brindó una conferencia de prensa para anunciar las modificaciones al Código Contravencional que enviará a la Legislatura.

El Jefe de Gobierno presentó una serie de medidas para combatir la inseguridad en el ámbito porteño y volvió a reivindicar el uso de armas eléctricas por parte de la Policía Metropolitana. "Necesitamos que el vecino que circula por la ciudad esté tranquilo y no se sienta comprometido por la presencia de grupos que a veces actúan con violencia", enfatizó Macri durante la conferencia y pidió celeridad para que el proyecto "sea tratado con urgencia y que no sea politizado, ya que hay miedo y preocupación de la sociedad por la inseguridad".

Sobre este punto y, a pesar del rechazo de los legisladores de la oposición y de distintos organismos de Derechos Humanos, anunció el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para permitir el uso de las Taser X26 consideradas “picanas eléctricas” por la ONU y prohibidas por la Justicia porteña.

El combo de medidas “antiinseguridad”, incluye sanciones más duras contra los "trapitos", limpiavidrios, manifestantes que utilicen palos y máscaras y las personas que dañen o destruyan monumentos históricos y edificios públicos de la Ciudad.

La compulsiva limpieza de vidrios en los semáforos será considerada una  falta “grave” como así también la exigencia de retribución por el cuidado de vehículos en las calles de la ciudad.  Con la nueva normativa sólo podrán trabajar quienes estén regulados por el gobierno porteño. "Vamos a seguir trabajando para desterrar a las mafias que se han enquistado en la sociedad, manipulando y exptorsionando a nuestros jóvenes para hacerlos delinquir", señaló Macri.

El ministro Montenegro informó que la portación de ganzúas también se considerará un delito y que va a estar prohibido usar capuchas y palos porque representan una "forma de amenaza".

La penas irán de uno a cinco días de arresto o multas de entre 200 y 2000 pesos para los cuida coches y  se duplicarán o triplicarán para el caso de jefes.  Para los manifestantes que violen la prohibición del uso de palos y capuchas, los arrestos irán de 10 a 40 días. 

El delgado límite que delinea la nueva normativa entre la seguridad de los vecinos y la criminalización de la protesta social ya generó polémicas y seguramente abrirá un nuevo debate en torno a la cuestionada política de seguridad del macrismo. Desde Proyecto Sur, Fabio Basteiro consideró que por debajo de esta serie de modificaciones "hay una lógica del funcionamiento del Poder Ejecutivo. Todo lo que tenga mayor nivel de vulnerabilidad social es atacado para de forma demagógica plantear a la seguridad como algo relacionado. Ya lo vivimos con la UCEP. Usan el código contravencional como forma de control social a movimientos sociales".