Para “resguardar los derechos jurídicos adquiridos” de Norma Castillo y Ramona Arévalo, la jueza porteña Elena Liberatori anuló la anulación del primer matrimonio entre mujeres celebrado en nuestro país el 9 de abril pasado.

La titular del juzgado porteño Nº 5 solicitó a la jueza nacional Martha Gómez Alsina, quien dictó la medida cautelar de anulación, que “tenga a bien inhibirse de seguir entendiendo” en el caso y libró oficios a los consejos de la Magistratura porteño y nacional para “denunciar la afectación de la autonomía” de la Justicia de la ciudad “en virtud de la grosera intromisión”.

Además, ordenó al Registro Civil la entrega del acta de matrimonio para su custodia en sede judicial y le advirtió a Goméz Alsina que "de persistir en su posición" el tema se dirimirá ante la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, la Federación Argentina LGBT presentará una denuncia ante al Consejo de la Magistratura y ante la Justicia Penal, para que se investigue si la jueza incurrió en la posible comisión del delito de prevaricato. "Lo actuado por los jueces en lo Civil Alsina e (Félix de) Igarzabal, además de constituir un nuevo acto discriminatorio, no resiste ningún análisis jurídico ni procesal. Así lo sostienen los juristas más reconocidos en nuestro país", advirtieron.

María Rachid, presidenta de la entidad, sostuvo que "todos los matrimonios de parejas del mismo sexo siguen siendo válidos y están vigentes", y cuestionó las decisiones judiciales, al afirmar que "ser juez no habilita a nadie a imponer sus creencias religiosas al resto de la población".