Una docena de organizaciones, encabezadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, le ofrecieron al de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, una serie de medidas para garantizar el correcto funcionamiento de los controles policiales en las marchas y actos públicos y evitar que se produzcan excesos por parte de las fuerzas de seguridad.

El documento, presentado por el director del programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del CELS, Gustavo Palmieri, establece entre sus puntos sobresalientes, el deber de identificar a los policías y a sus vehículos, de controlar el armamento y de excluir a los policías comprometidos en la represión ilegal, además en caso de actos multitudinarios es responsabilidad del Poder Ejecutivo designar e identificar al funcionario político responsable de la coordinación de las acciones vinculadas con el operativo de control.  Por último el personal de prensa y los reporteros gráficos no podrán ser molestados, detenidos o intimidados en el cumplimiento de su labor profesional.