Fue por la adquisición de un inmueble para el Poder Judicial de la Ciudad aprobada en la última sesión plenaria del Consejo el año pasado. Según trascendió, se estaría pagando un sobreprecio del 21 % más que la tasación oficial y además el dinero se habría desviado de su finalidad originaria que sería la refacción del edificio judicial que queda en Berutti 3345.  

Este lunes, un particular denunció por “defraudación en perjuicio de la administración pública” a Julio De Giovanni, María Moya, Eugenio Cozzi, Horacio Corti, Juan Pablo Más Vélez, Santiago Otamendi, Patricia Lopez Vergara y Liliana Blasi, los integrantes del Consejo que cesaron sus mandatos días después de aquella reunión.

La denuncia recayó ante el juzgado de instrucción número 24, que se encuentra a cargo del juez Juan Ramos Padilla, y fue presentada por Jorge Fernández Taboada. Por su parte, la denuncia de los legisladores está en manos del juzgado Correccional Nº12, a cargo de Raúl Juan Emilio García.

En el escrito se explica que “la decisión de comprar el inmueble, por el modo en que ha sido llevada a cabo y por el precio aprobado, resulta por demás llamativa y mueve a sospecha sobre la falta de transparencia de la operación”. Compra que fue valuada en 3.750.000 dólares.

Para el denunciante, la compra fue aprobada “como un tema ya cerrado, sin demasiadas explicaciones y sin ofrecer otros inmuebles como alternativas”. Y agrega: “Resulta llamativo, además, que la sesión haya tenido un cuarto intermedio de una hora y 20 minutos, lapso durante el cual se reunieron a solas los consejeros (las sesiones deben ser públicas) y cuando se reanudó la sesión se votó inmediatamente la compra con ocho votos a favor y una abstención”.

“La maniobra es clara: si se iba a realizar una compra tan irregular, la idea era que todos los que podrían beneficiarse de la misma estuvieran presentes y votando a favor, par que ninguno saliera a denunciar o pretendiera eludir las eventuales responsabilidades que entraña la audaz operación”, explica en la denuncia.