La demanda contra los ocho trabajadores fue presentada ante el juez Osvaldo Otheguy del Juzgado porteño en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8, luego de la feria judicial. El gobierno porteño exige $11 millones en concepto de indemnización y otros $44 millones en concepto de daños futuros y potenciales.

Además, pide la inhibición general de bienes por el “daño económico” que implicó el levantamiento de la temporada y que "se ordene al personal no interferir en el normal funcionamiento del Teatro para la temporada 2011" a partir del próximo 29 de marzo.

La presentación judicial llegó al Juzgado tres días antes de la conferencia de prensa donde el director general del coliseo, Pedro Pablo García Caffi, anunció un acuerdo con Sutecba, el gremio que menos injerencia tuvo en el conflicto. 

Ese mismo día,  advirtió  a los representantes de ATE que iban a iniciarles acciones judiciales aún en contra de su voluntad.

Varios de los trabajadores demandados son delegados de ATE y participaron de las gestiones para iniciar juicios contra el Ente Autárquico Teatro Colón por el tema de la afectación del patrimonio cultural y frente al intento del director general de despedir alrededor de 400 empleados del Teatro.

"La existencia de la causa resulta la incapacidad del gobierno y de García Caffi, en particular, de darle fin a un conflicto que tan sólo requiere de diálogo y respeto. Por otra parte, vulnera la dignidad y patrimonio de los trabajadores, así como también atenta contra el ejercicio de derechos y garantías constitucionales", señaló Sebastián Alanís, uno de los abogados que defienden a los trabajadores.
En este sentido, Alanís explicó que "esta medida prejuzga" porque los trabajadores ya  tienen un sumario en curso por medio del cual se determinará los niveles de responsabilidad y el daño producido.

“La causa del gobierno contra sus propios trabajadores es un acto de gravedad institucional. Dado que aquí el gobierno de Macri ha omitido que el Estado no es una empresa privada, no persigue fines económicos, sino por el contrario un interés superior, que en caso se presenta en garantizar y preservar la actividad cultural. No debe omitirse que las personas demandadas se encontraban ejerciendo un derecho constitucional a huelga, conjuntamente con más de 500 personas en el marco de una asamblea”, concluyó el abogado.