El 28 de marzo se conoció la Resolución 2002-MEGC-2011 firmada por el  Ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich,  por la que se preadjudica a la empresa Primera Red Interactiva de Medios Argentinos S.A. (PRIMA), la única empresa oferente, la licitación para la contratación de prestaciones integrales digitales de aplicación educativa para alumnos de las escuelas de la ciudad por la suma de 274 millones de dólares.

Por este proyecto la Legislatura porteña había autorizado un desembolso total de 224 millones de dólares que incluía la compra de una computadora por chico para toda la educación primaria de gestión estatal y los colegios privados de cuota cero. 

Los montos y la celeridad con la que se concretó la operación levantaron sospechas entre los diputados del bloque opositor. Gonzalo Ruanova de Nuevo Encuentro, Eduardo Epzstein de Diálogo por Buenos Aires y Francisco Tito Nenna de Frente para la Victoria solicitarán un pedido de informes al Ejecutivo porteño en los próximos días.

Según informó el matutino Miradas al Sur, la resolución de la administración macrista también disparó una presentación judicial, en este caso del ingeniero Claudio Ariel Garbarz, ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal por el presunto delito de “malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.