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miércoles 15, junio de 2011
Macri declaró por la causa UCEP
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, declaró este mediodía en el marco de la causa donde se investiga el violento accionar de la patota de la disuelta UCEP y afirmó “ser ajeno” a las imputaciones por lesiones, amenazas y coacción agravada a personas indigentes en situación de calle.
Tras haber postergado en cuatro oportunidades su presencia ante el magistrado, y ante la amenaza de un posible pedido de desafuero a la Legislatura porteña para hacerlo concurrir con la fuerza pública, Macri cumplió hoy con la demorada presentación en los tribunales.
Macri llegó al Juzgado N° 49 acompañado por su abogado, Alejandro Pérez Chada, presentó un escrito y aceptó responder preguntas de la jueza de instrucción María Fontbona de Pombo, quien momentáneamente está reemplazando al juez titular, Facundo Cubas.
Tanto la llegada como la salida del jefe de gobierno fueron acompañadas por una protesta de la agrupación HIJOS.
Durante su declaración, Macri “negó los cargos” que se le imputan y presentó un “escrito técnico” en el que se mencionan las funciones y atribuciones que tenía la disuelta UCEP y defendió la "validez de los decretos de formación de la UCEP", que constituyen el punto de inicio de la investigación.
Macri explicó que la UCEP era "un organismo preestablecido" y sostuvo además que la disolución de la Unidad de Control de Espacio Público no estuvo vinculada con las denuncias sino con una reforma organizativa en su gobierno.
En cuanto al otro punto relevante de la actuación de la UCEP, la forma en que se realizaron los desalojos, Macri se mostró ajeno a eventuales abusos cometidos por los agentes y detalló cuáles eran las normativas que debían cumplir en su cometido.
En el sumario, iniciado en 2008 tras una denuncia de la legisladora porteña Liliana Parada, también están imputados el ex ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo y una veintena de ex integrantes de esa cartera. En la causa, se investigan los delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El Juzgado Nº 49 unificó todas las denuncias, incluida la querella particular que realizó Carla Baptista, la embarazada y madre de cinco hijos que fue golpeada por integrantes de la UCEP en la madrugada del 1º de octubre de 2009 debajo de la autopista 25 de Mayo, en el barrio de San Cristóbal.
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