El Ministerio Público Tutelar, encargado de controlar la aplicación de la ley en los hospitales neuropsiquiátricos de la Ciudad de Buenos Aires, denunció a la nueva directora de Salud Mental porteña, María Grosso, por obstaculizar la acción de la justicia.

"Hemos tomado conocimiento que los empleados y funcionarios de los hospitales neuropsiquiátricos no pueden -por una resolución de la dirección de Salud Mental porteña- dar información a esta asesoria general tutelar", dijo a Télam Laura Musa, asesora general del Ministerio Público Tutelar, dependiente del poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

Musa sostuvo que "según una resolución de esa dirección, los directores de esos hospitales deberán sancionar a los empleados o funcionarios que den información al Ministerio Público Tutelar fuera del horario de 7 a 14 y en ausencia del director de ese centro asistencial".

Para Musa, con esta resolución "se violan los tratados internacionales que establecen máximos controles a través de autoridades que no sean las que tienen a su cargo el mismo hospital, para garantizar la protección de las personas".

Por ley (orgánica del Ministerio Público -Ley 1.903-), el Ministerio Público Tutelar tiene la función de inspeccionar periódicamente los establecimientos de internación y que esos controles no deben tener restricciones.

"No buscamos inmiscuirnos en las decisiones profesionales sobre los tratamientos. Nuestra obligación es controlar si se aplica la ley, la legalidad de los procedimientos y el respeto, la protección y la satisfacción de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental", dijo.