La iniciativa impulsada por el legislador Diego Kravetz  estipulaba una extensión por seis años más de la ley 1529, que declara de "utilidad pública y sujetos de expropiación" a los inmuebles donde funcionan empresas recuperadas gestionadas por los trabajadores, entre ellas Maderera Córdoba y Chilavert Artes Gráficas.

En los considerandos, el jefe de Gobierno justifica su veto diciendo que se la norma contiene una "excepción general de expropiación aplicable en el ámbito de la Ciudad".  El legislador Kravetz explicó que el gobierno porteño "plantea una discusión técnica, cuando en realidad la ley apunta a salvaguardar la inoperancia del Ejecutivo". "Si la Legislatura dictamina que esos inmuebles son de utilidad pública, el Ejecutivo tiene que efectivizar a través de ciertos pasos administrativos esa decisión; sin embargo, pasaron tres gobiernos -la norma es de 2005- y todavía no se cumplió".