Ante la negativa del oficialismo de renovar el régimen especial de promoción patrimonial que vencía el próximo 31 de diciembre y obligaba a evaluar los valores patrimoniales de los edificios antes de autorizar su demolición, la jueza Danas ordenó el 23 de diciembre al Ejecutivo porteño congelar todos los pedidos de demolición o reforma de edificios cuyos permisos de construcción o su existencia por catastro sea anterior a 1941.  La medida estará en vigencia hasta tanto la Legislatura trate el tema de fondo e  informe acerca del estado parlamentario de todos los proyectos de ley presentados con relación a estos inmuebles.

El amparo había sido presentado un día antes por las organizaciones: “Basta de Demoler”, “Fundación Ciudad”, “SOS Caballito”, “Salvar a Floresta”, “Proteger Barracas”, “Protocomunas Caballito” y contó con la adhesión de ONGs de Barracas, Boedo, San Telmo, Coghlan, Saavedra y La Boca quienes, bajo el lema “Salvemos Buenos Aires”, el jueves 22 de diciembre habían realizado una marcha en la puerta de la emblemática confitería El Molino para reclamar la prórroga de la Ley 2548 que protege a todos aquellos inmuebles anteriores a 1941 de la demolición indiscriminada.