La Comisión de Promoción Social, por entonces presidida por la diputada del PRO Carolina Stanley, quien hoy está a la cabeza de la cartera de Desarrollo Social, había convocado a representantes del Poder Ejecutivo y ONGs a debatir los proyectos mencionados para arribar a un consenso.

Entre las ONGs que acudieron a la convocatoria, podemos destacar a la Biblioteca para Ciegos y de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes. Luego del debate, el despacho de Comisión fue aprobado “sin disidencias ni observaciones”, por lo que la ley fue sancionada por unanimidad por la Legislatura.

Para el diputado socialista Adrián Camps “el veto a varios artículos de la Ley 4020 sigue demostrando las graves falencias de la gestión del PRO para articular el trabajo realizado por la Legislatura porteña con ciertas áreas del Poder Ejecutivo”.

Macri vetó los artículos 2, 3 y 4 de la norma. El artículo 2 planteaba que un mismo sistema técnico debía aplicarse "de manera idéntica" en toda la Ciudad, y el 3 indicaba que la emisión sonora de los dispositivos debe ser "uniforme y no provocar contaminación acústica". Por su parte, el punto 4 sostenía que el cumplimiento pleno de la instalación de la tecnología en los semáforos debía ser alcanzado “en forma progresiva en un plazo de diez (10) años, a partir de publicada la presente ley”.

En el decreto que estipuló el veto, Macri opinó que la ley sólo contemplaba la opción de una tecnología sonora sin tener en cuenta "diferentes sistemas, equipamientos y tecnologías que pueden ser utilizados alternativa o conjuntamente, acorde con las características particulares de cada cruce".

Sobre este punto Macri argumentó que “En relación a los plazos establecidos por el artículo 4° del proyecto de Ley en estudio, debe señalarse la imposibilidad de dar cumplimiento a la instalación de este tipo de semáforos en la totalidad de los cruces resultantes de la enumeración que efectúa la última parte de la norma, en el término de tres años”.