El doctor Alan Martín Nessi, tal como se publicó en el Boletín Oficial el 4 de febrero pasado, fue designado como Profesor Coordinador del “Curso de Capacitación en Protocolo General de Actuación Policial”.

Según informaron desde el ODH de la ciudad, anteriormente el abogado Nessi tuvo que renunciar a un concurso para cubrir cargos de Fiscal en la Justicia de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas, luego del escándalo desatado por haber presentado las respuestas de un cuestionario que había sido desechado por el jurado. El examen se había desarrollado en la Facultad de Derecho de la UBA, en el marco del Concurso CMCABA N° 42/2010. El Dr. Nessi había resuelto el tema descartado con respuestas sobresalientes.

Alan Martín Nessi se desempaña como presidente interino de la asociación Unidos por la Justicia, la ONG que integra y responde al Fiscal General Porteño Germán Garavano. Precisamente, el cargo por el que concursó era para cubrir vacantes dentro del Ministerio Público Fiscal que conduce Garavano.

“Habiendo renunciado al concurso, a partir del bochorno de quedar al descubierto la entrega anticipada del examen, la flamante designación aparece como un pago al amiguismo político. Resulta gravísimo que el tráfico de influencias se de en una materia tan sensible como la formación pedagógica de la Policía Metropolitana. Más aún, cuando el nombrado no ostenta antecedentes relevantes para el puesto”, señalaron desde el ODH.

Desde el ODH vienen denunciando las deficiencias de la formación policial del Instituto de Seguridad. Por ejemplo, el autoritario reglamento de conducta y disciplina establecido para los cadetes de la Policía Metropolitana; el 83% de los cargos altos de la Policía Metropolitana provinieron de la Policía Federal Argentina (PFA), dentro de los cuales casi el 80% hizo sus primeros años en la PFA en los años 70; el envió por segundo año consecutivo a integrantes de la Metropolitana a "la nueva Escuela de las Américas” en El Salvador financiada por Estados Unidos", entre otras.

En su informe anual 2011 advirtieron que: “ante una pedagogía represiva, autoritaria, que aleja al agente policial de la sociedad civil y, ante el despliegue de decisiones e instrucciones que reivindican la segregación por motivos sociales, políticos o religioso, los tres casos de gatillo fácil ocurridos durante 2011 resultaron una consecuencia lógica, aunque dolorosa y lamentable”.