La sala III del máximo tribunal penal del país desestimó un recurso de queja presentado por Macri contra su procesamiento por considerarlo responsable de la asociación ilícita y confirmó al juez federal Norberto Oyarbide al frente de la causa.
El recurso de queja de Macri llegó al máximo tribunal penal el 10 de setiembre de 2010 y desde entonces Oyarbide esperó una decisión para elevar el caso a juicio, algo que comenzó a tramitar hace dos semanas por entender que se había agotado el "plazo razonable" en lo atinente a la resolución de los planteos de Macri.
El jefe de Gobierno está procesado por las escuchas a su cuñado, el parapsicólogo Néstor Leonardo y al familiar de víctimas del atentado a la AMIA, Sergio Burstein. Ahora, la causa va rumbo a juicio oral y ya tres querellas entregaron escritos a Oyarbide manifestándose a favor del cierre de la pesquisa y su envío a un tribunal.
Actualmente el planteo está a estudio del fiscal federal Jorge Di Lello y luego de su dictamen, las defensas tendrán oportunidad de expedirse acerca del envío de la causa a juicio.
Oyarbide procesó a Macri, al ex comisario Palacios, al ex empleado del Gobierno de la ciudad y sindicado como ejecutor de las escuchas Ciro James, al ex Ministro de Educación de la Ciudad, Mariano Narodowski, el ex juez de Misiones José Luis Rey, su ex secretaria Mónica González y los policías Raúl Rojas, Diego Guarda y Rubén Quintana.
Durante la investigación iniciada por un llamado anónimo donde se le advirtió a Burstein que por "orden de Palacios" escuchaban su teléfono, se dio por probado que Palacios y James montaron un aparato de inteligencia paralelo usando infraestructura del Gobierno de la Ciudad para escuchar a distintos afectados como empresarios, políticos y hasta al familiar de AMIA.
Para ello James uso contactos en la Justicia y policía de Misiones y obtuvo órdenes judiciales para intervenir teléfonos de supuestos sospechosos en la causa por el asesinato de un odontólogo y así la SIDE escuchó a Burstein, a Leonardo y otros.
Los casetes eran retirados por James de las oficinas de la Secretaría de Inteligencia mientras cobraba un sueldo de 6.000 como asesor del Ministerio de Educación de la ciudad, donde no pudo probar ejercer función alguna. Tanto él como Palacios estuvieron detenidos en la causa y fueron excarcelados por la Cámara Federal.
Fuente: Télam
