En sintonía con el fallo de la Corte Suprema, la normativa tiene como objetivo asegurar la accesibilidad a los casos de abortos ya contemplados por la ley nacional vigente. De esta forma, se revierten los alcances del protocolo ministerial que obstaculizaba el acceso a esta práctica de salud.
Ante el temor de que el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, vete la Ley, se originó una movida desde distintos sectores sociales para demostrar el apoyo que existe en torno a la puesta en marcha de esta normativa que, entre sus principales avances, reconoce la autonomía de las adolescentes para brindar el consentimiento informado, respetando lo establecido en la Convención de Derechos del Niño, la ley 26.061, y la normativa sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires (Ley Básica de Salud y Ley de Salud Sexual y Reproductiva);
Al considerar la práctica del aborto como cualquier otro procedimiento médico legal, no requiere la intervención compulsiva de comités interdisciplinarios, ni exige la refrenda del Director/a del Hospital para que se lleve adelante. Además, concibe la protección de la salud de la mujer de forma integral, tal y como lo entiende el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales, y la Organización Mundial de la Salud.
“El veto sería problemático por diversos motivos. En primer lugar, porque el aborto no punible es un derecho de las mujeres —fundado en el derecho a la salud, dignidad, autonomía, integridad y vida— que existe en el sistema jurídico argentino desde 1921, y que fue ratificado por la Corte Suprema en 2012. Por ende, su provisión adecuada y sin dilaciones es un deber del Estado. En segundo lugar, porque la ley es el resultado de un acuerdo de todos los bloques, luego de un largo proceso de discusión en la legislatura porteña que lleva años de deliberaciones, donde todos los argumentos han sido oídos.
Su veto implicaría un ejercicio antidemocrático de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, señalaron desde las organizaciones de Derechos Humanos que suscriben a la solicitada.
La consigna “no al veto” logró agrupar a personalidades de la cultura, la academia, el espectáculo, sindicales, organizaciones de derechos humanos y feministas. La nómina incluye a los tres senadores de la ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus (FpV), María Eugenia Estenssoro (CC) y Samuel Cabanchik (CC); a la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos; a los diputados Pino Solanas (Proyecto Sur), Adela Segarra (FpV), Carlos Raimundi (Nuevo Encuentro), Manuel Garrido (UCR); los cantantes Fito Páez y Adriana Varela; los actores Leonardo Sbaraglia, Juan Leyrado, Mercedes Morán y Celeste Cid; Víctor Hugo Morales, Osvaldo Bayer y Federica Pais, entre más de un centenar de firmas que acompañarán una solicitada que saldrá publicada en los próximos días.
“El veto de esta ley encaminaría a la Ciudad a enfrentar las responsabilidades que se indican en la sentencia de la Corte Suprema y supondría una violación a los compromisos que el Estado de esta jurisdicción tiene hacia las mujeres en materia de derechos y políticas públicas”, concluyeron.
