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martes 30, octubre de 2012
Aborto legal, una deuda de la democracia
La Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito junto a cientos de organizaciones de mujeres, políticas y sociales marcharán el próximo jueves 1° de noviembre, a las 18, desde Congreso hasta Plaza de Mayo para reclamar el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del embarazo.
El proyecto presentado por la Campaña Nacional garantiza que toda mujer desde los 14 años pueda decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación. En el caso de las menores, también pueden acceder a la práctica pero con la autorización de un representante legal.
El proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue presentado en cuatro oportunidades, y a pesar de contar con la firma de 57 diputados/as de distintos bloques políticos, hasta ahora nunca pudo ser tratado por falta de decisión política del bloque oficialista.
Como recuerdan desde la Campaña: “la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo, pero sí exige al Estado garantizar opciones, el acompañamiento y la calidad de atención a mujeres y niñas que atraviesan estas decisiones”.
En la Argentina se practican 500 mil abortos al año y una mujer pobre muere por día, según las estadísticas por causas vinculadas a la clandestinidad del aborto. Los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad materna. Desde la recuperación de la democracia han muerto más de 3.000 mujeres por abortos clandestinos y alrededor de 70.000 mujeres llegan a los hospitales públicos con complicaciones post abortos.
Estos números evidencian hasta que punto el aborto se convierte en un problema de derechos humanos y de salud pública y una de las principales deudas a saldar en un Estado democrático que aspira a la justicia social como horizonte. Actualmente, la clandestinidad condena a las mujeres pobres que son las que diariamente engrosan estas estadísticas por no poder acceder a las costosas prácticas privadas.
La necesidad de un Estado laico que reconozca el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres garantizando el derecho fundamental a decidir en el marco de sus creencias, necesidades y convicciones es un reclamo histórico del movimiento de mujeres que aún hoy se ve obstaculizado por el poder de lobby de la iglesia católica y de otras instituciones religiosas que violan derechos humanos de rango constitucional, garantizados además por las convenciones y pactos internacionales.
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