En junio de 2012 la ADC presentó un pedido de acceso a la información pública en el cual, tal como ocurrió en ocasiones anteriores, se pidieron datos de pauta oficial desagregados por distintas variables: rubros, medios de comunicación, campañas publicitarias y organismos contratantes. La respuesta del gobierno porteño fue el silencio: no respondió dentro del plazo de 10 días hábiles que indica la ley 104, que regula el acceso a la información pública en el ámbito de la Ciudad, ni hizo uso de la prórroga excepcional establecida por la norma, en violación al derecho de acceso a la información pública.
En su fallo, el juez Guillermo Scheibler, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 14 de la Ciudad de Buenos Aires, sostiene que “ la información requerida reviste neto carácter público, en tanto refiere al presupuesto, su ejecución y a la asignación de la publicidad oficial, lo que hace a la administración de fondos públicos y, a la par, se relaciona en forma indirecta al ejercicio de derechos fundamentales como son el de libertad de expresión y libertad de prensa , piedras fundamentales en las que se basa el sistema republicano y democrático, una de cuyas notas distintivas reside en la publicidad de los actos de gobierno”.
El año pasado la ADC ya había realizado un pedido de acceso a la información sobre publicidad oficial en relación a los primeros cinco meses de 2011. Dicho pedido no fue contestado y la ADC interpuso una acción de amparo contra el gobierno de la Ciudad. En el marco de ese proceso, el gobierno presentó la información requerida al momento de contestar la demanda. El nuevo pedido de este año, que incluyó información sobre 2010, tenía el objeto de completar la información y trazar comparaciones relevantes en la distribución de esos fondos públicos.
El pedido forma parte del monitoreo que la ADC efectúa desde hace años sobre la publicidad oficial, tanto a nivel nacional como provincial y local, en pos de la sanción de una norma que regule la publicidad oficial en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, con criterios claros de asignación y mecanismos de transparencia y control.
El próximo jueves 22 de noviembre se realizará la audiencia pública en el caso ADC c. Estado Nacional donde se discutirá sobre la distribución de publicidad oficial por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). En la audiencia, se presentarán argumentos constitucionales sobre la importancia del acceso a la información, a propósito del proyecto de Ley Nacional de Acceso a la Información que, actualmente cuenta con media sanción del Senado, pero puede perder estado parlamentario si no es tratado antes del 30 de noviembre.
