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martes 11, diciembre de 2012
Denuncian al PRO por digitar licitaciones de servicios en hospitales públicos
“La licitación para el servicio de limpieza de ropa de cama de los hospitales porteños está digitada para que la ganen empresas amigas al Gobierno”, denunció el legislador porteño, Aníbal Ibarra, quien presentó un pedido de informe sobre las condiciones de la licitación pública de lavaderos.
“Las condiciones que tiene el pliego de la licitación para la contratación del servicio de limpieza de ropa de cama de los hospitales públicos porteños está dirigida a los que ya tienen este negocio. Son empresas amigas del Gobierno nucleadas en una cámara de lavaderos. El pliego es carísimo, vale 40 mil pesos, lo que lo hace inaccesible para las empresas medianas y chicas. Así evitan competidores. Estos montos no son frecuentes”, afirmó el legislador del Frente Progresista Popular.
Esta no es la primera vez que se presentan irregularidades en la licitación del servicio. En 2009, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó por un monto de más de 31 millones de pesos el “Servicio de Provisión de Ropa de Cama, y Retiro, Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y Ropa Hospitalaria, con su correspondiente distribución en Establecimientos Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” a las firmas: Lavadero El Lucero S.R.L., Lavadero ANCA S.A. y Tex Care Argentina S.A.
Las empresas Setex S.A., Apparel Argentina S.A. y El Ingale S.R.L., que también se habían presentado a la licitación, denunciaron haber sido perjudicadas intencionalmente para favorecer a estos grandes grupos. Se les exigió un monto de facturación inalcanzable para la mayoría de los proveedores y un espacio para el lavado superior a los 1.200 m², que dejaba fuera de carrera a las pequeñas y medianas empresas.
Pero lo controversial de esta adjudicación no termina ahí. Las tres empresas favorecidas resultaron ser de los mismos dueños. Se comprobó que el Lavadero ANCA era de Héctor Andrelo, un empresario casado con Magdalena Gaccetta, quien era vice-presidenta de Tex Care y que renunció justo antes de la licitación. Además, en el directorio de ANCA figuraba Estela Maris Andrelo, esposa de Luis Alberto Nerguizian, quien era presidente de Tex Care. Y Haydeé Mouriño, la madre de los Andrelo, fue denunciada por los otros oferentes como propietaria del 50 por ciento de ambas compañías.
Para seguir sumando irregularidades, la firma El Lucero realizó una oferta por el mismo precio que sus supuestos competidores pero por los únicos tres hospitales en los que estos no se presentaron. Al poco tiempo, esta última firma debió ser clausurada a raíz de una denuncia de la Alameda por no cumplir con las condiciones de seguridad e higiene necesarias para la salud de los trabajadores y vecinos. Tras el escándalo mediático, la clausura fue rápidamente levantada.
Antes de que se cumpliera los dos años del plazo de la licitación, la contratación fue prorrogada por un año más con contratos por más de 15 millones de pesos y el gobierno de la Ciudad acordó un nuevo contrato con el Lavadero ANCA por $ 280.000 para “el servicio de provisión, lavado, secado, planchado y entrega de ropa blanca, por el mes de agosto de 2011, para el Instituto Superior de Seguridad Pública”, es decir, la Metropolitana.
Este año, el gobierno porteño lanzó una nueva licitación de lavaderos por 101 millones de pesos, con requisitos que vuelven a favorecer a las mismas empresas. En el pedido de informes, Ibarra remarca varios puntos llamativos.
En primer lugar, se cobran 40 mil pesos por obtener el pliego para participar, cuando en otras licitaciones del gobierno porteño la cifra es menor o inexistente. Por caso, Ibarra cita la licitación de basura (la más cara que existe), donde el valor del pliego no supera los 10 mil pesos. En compulsa por la forestación del camino del sirga –por un total de 43 millones– los pliegos son gratuitos. “Es evidente que presentar un valor tan alto es para evitar que se presenten muchos oferentes”, indicó el ex jefe de Gobierno en su pedido de informes.
Lo mismo ocurre con el valor para poder presentar impugnaciones: cinco millones de pesos. “Pliegos caros para que no se presenten y valores de impugnación imposibles de pagar para evitarlas”, advierte Ibarra.
Además, hay más restricciones: para presentarse, las empresas deben acreditar 1,5 millón de pesos en ventas y un capital de tres millones, así como un espacio de 2500 metros cuadrados. “Se exigen requisitos de grandes empresas, aunque está permitido brindar servicio a hospitales pequeños. Es decir, se impide toda participación de las pymes”, indicó Ibarra.
Sobre todo, al legislador le resultó “llamativo que se indique un valor máximo y un valor mínimo, que sólo puede ser inferior en un 15 por ciento bajo pena de considerarlo ‘oferta vil’”. “Es decir, que el Gobierno de la Ciudad se niega a pagar menos”, indicó Ibarra. Ante un empate, se define por quien tiene antecedentes ante el Gobierno de la Ciudad, es decir, los actuales prestadores.
“Está diseñado para que las empresas que están dando el servicio se mantengan en el negocio. Esto es así por el diseño de la licitación por lo que concluímos que está totalmente digitado. Estamos averiguando si esto se extiende a otros ámbitos de la administración porteña. Desde ya les digo que la empresa que va a ganar esta licitación se llama Texcare”, concluyó el legislador.
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