El aumento había sido frenado a partir de una medida presentada por el legislador porteño del MST-Nueva Izquierda  Alejandro Bodart, quién confirmó que apelará la medida, ya que "el aumento de la tarifa y de los subsidios le garantiza a Metrovías una ganancia extraordinaria", en base a "una auditoría insuficiente".

El juez Mántaras resolvió recovar la medida y, al mismo tiempo, ordenó al gobierno de la Ciudad a “incorporar –al sistema de abonos y pases especiales actualmente vigente– una tarifa o ticket social, o cualquier otra medida equivalente que establezca un valor diferencial para el valor del ticket de viaje del servicio SUBTE y Premetro, que asegure su accesibilidad para los sectores de alta vulnerabilidad social”.  El magistrado estableció un  plazo de 20 días para que el gobierno informe sobre el cuadro tarifario especificando su aplicación a pases, abonos y tickets diferenciales.

En este sentido, el fallo advierte que los beneficiarios de la tarifa social serán quienes cuenten con planes sociales administrados por el Gobierno porteño o el Plan Jefes y Jefas de Hogar de la Administración Nacional.
 

Asimismo, el plan deberá ser facilitado para las personas que acrediten desempleo o aquellos que tengan ingresos familiares por debajo de la canasta familiar que publica el INDEC.

Otro grupo de beneficiarios será aquél identificado por las leyes de la Ciudad con necesidades especiales o en situación de vulnerabilidad social, y en él se citó a los beneficiarios del subsidio por la tragedia de Cromañón, y los excombatientes de Malvinas.