La Justicia ordenó que se incorpore a los salarios de los docentes porteños un aumento que fue otorgado por el Gobierno local y que tenía carácter no remunerativo. En un fallo con duras críticas a la década menemista, el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Angel Gallardo, declaró inconstitucionales dos decretos que habían fijado los incrementos con esa modalidad.

“La década del 90, entre otros legados, ha generado en nuestro país un cuadro anómico del que ni siquiera el Estado se abstrae en sus relaciones jurídicas. En el terreno laboral, la ley de trabajo se sustituyó por la ley del hambre, que no es ni más ni menos que la permisión de prácticas ilegales, bajo la expresa o implícita amenaza del desempleo”, sentenció el juez.
 
La causa fue iniciada por un grupo de maestros que se desempeñan en la Secretaría de Educación, quienes consideraron que la no inclusión del aumento en el sueldo “viola la Constitución Nacional y el Estatuto Docente”.

En los decretos del 91 y del 98 se otorgó a todo el personal docente dependiente del Gobierno porteño un “adicional no remunerativo bonificable por antigüedad” que aún sigue vigente hasta estos días.

En su sentencia, el magistrado también consideró que dictaminar lo contrario “generaría un perjuicio a los actores en cuanto se les limitan los beneficios previsionales, motivado en el hecho de que las sumas en cuestión no integran los aportes y contribuciones de ley”.