Una de las mujeres que pasaron la noche sobre el boulevard de la avenida Fernández de la Cruz al 5200 sostuvo que personal del ministerio de Desarrollo Social capitalino les había ofrecido ir “a un refugio, por tres días, pero cuando quisimos ir ya no había cupos, estaban colapsados”.

En declaraciones a radio Mitre, la mujer lamentó no tener “a dónde ir. Dejé el alquiler hace dos meses, en un alquiler en la Villa 20″.

Resaltó que, ahora, quienes rentan habitaciones en ese asentamiento “se aprovechan de la situación: por entrar a una pieza de tres por dos nos cobran cinco mil pesos y 800 por mes”.

El desalojo fue ordenado  por la jueza Gabriela López Iñíguez, titular del juzgado N°14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, luego del asesinato de la adolescente Melina López, quien recibió un disparo de un delincuente en las inmediaciones del asentamiento. La cercanía del hecho bastó para que las autoridades y los medios de comunicación apuntaran a las familias que mantienen la ocupación del predio desde febrero.

El sábado por la mañana, personal de la Policía Metropolitana y Gendarmería Nacional expulsó a unas 700 familias con topadoras, palos, gases y balas de goma.  El desalojo incluyó la destrucción de las precarias viviendas que habían levantado a la espera del cumplimiento de la ley de urbanización de la Villa 20, votada hace nueve años por la Legislatura, e incumplida hasta hoy por el gobierno de Mauricio Macri.

Durante el violento operativo hubo vecinos heridos y seis detenidos, entre ellos, delegados del barrio e integrantes de la Corriente Villera Independiente.

Fuente DYN