De desalojados a propietarios
Por Martina Noailles
"Estamos muy contentos, ya firmamos la escritura y ahora nos tienen que llegar los títulos de propiedad. Nosotros nacimos acá en el barrio y no nos queremos ir, esperamos que nuestra experiencia sirva para que otros vecinos que estén en situaciones parecidas puedan solucionarlas de la misma manera". El que no puede (ni quiere) quitar su sonrisa de la boca es Osvaldo Vargas. Vive en Ministro Brin 1257 y, junto al resto de sus vecinos, pasó de ser un desalojado a ser propietario. Sí. Así como usted lo escucha. El proceso, que comenzó en 2009 con las primeras intimaciones de desalojo, terminó el lunes 3 de noviembre con la firma del boleto de compraventa y la entrega de la escritura a nombre de la cooperativa de vivienda "Crecer en Ministro Brin", creada por los vecinos para afrontar la compra del edificio.
El fallo del juez Gustavo Caramelo, confirmado por la Cámara Civil luego de la apelación del Gobierno porteño, es el primer precedente en la justicia civil que aplica los estándares internacionales de derechos humanos en materia de desalojos establecidos por las Naciones Unidas. La compra del conventillo por las mismas familias que iban a ser desalojadas es un hecho inédito y se logró a partir de que el juez lograra sentar a la mesa a todos los actores para llegar a una solución definitiva, acorde a las responsabilidades que tiene el Gobierno de la Ciudad de garantizar una vivienda digna para las familias que quedan en situación de calle.
Así fue que el juez Caramelo ordenó al Instituto de la Vivienda de la Ciudad y al Ministerio de Desarrollo Social que depositen la suma correspondiente a dos créditos individuales (Ley Nº 341) que habían sido adjudicados a dos familias del conventillo y las diez cuotas correspondientes al subsidio habitacional del decreto 960/08 de las trece familias restantes con el fin de dar una debida solución habitacional. La organización y la solidaridad de los vecinos hicieron el resto.
Claudia, otra de las vecinas de Brin, también festeja: "Todavía falta mucho por arreglar, pero al menos ahora podemos dormir tranquilos: nos querían desalojar desde 2009, todavía no caemos con lo que está pasando; este edificio fue comprado en un remate y lo vendieron con nosotros adentro".
En este caso el juez hizo lo que no hacen sus colegas en casos de desalojo: fue al lugar, conoció la realidad de los vecinos más allá de las letras frías del expediente, convocó a audiencias, les dio la palabra, los escuchó, y les garantizó el derecho a la vivienda, una garantía constitucional. El dueño, que quería vender el inmueble, también quedó conforme.
“Ojalá esto sea un precedente para muchos casos en la ciudad. Hay 15 familias involucradas. Eso son muchas historias de vida que se desarrollaron ahí, la identidad de muchas personas. Espero poder contagiar a mis colegas y mostrar que hay otra forma de resolverlo que no involucra enviar a la fuerza pública a desalojar”, dejó picando el juez luego de la firma de la escritura.
