Un triunfo histórico. Un enorme precedente. La ley que acaba de ser aprobada en la Legislatura carga con esas y muchos otras calificaciones, todas producto de una lucha que durante años no torció ni un centímetro su objetivo. Y aunque en el recinto lo llaman consenso y diálogo, quienes vivieron desde adentro la disputa saben que el logro transformado en ley es el resultado de la constancia y las convicciones. “Queremos mudarnos pero dentro del barrio. Aquí tenemos nuestros trabajos, nuestras escuelas, las salitas, la familia; toda nuestra historia”, sostuvieron en cada mesa de trabajo los representantes de los vecinos acompañados por organizaciones y el equipo de la Defensoría General porteña. Y así será para esas 1334 familias que viven al borde del Riachuelo.
El proyecto que ahora es ley fue presentado por dos legisladores del PRO, el mismo espacio político que durante los últimos dos años había insistido en relocalizarlos en el límite de la Ciudad, a kilómetros de sus casas. De hecho allí (en el Conjunto Urbano "Padre Mugica" de Castañares y General Paz) viven ahora las 117 familias que conformaron la primera tanda de traslados, por ser los más vulnerables de los vulnerables. Que ellos fueran los primeros en ser mudados también fue el resultado de otra batalla, ya que la Ciudad quería comenzar por otro punto de la sirga.
La erradicación y el desarraigo del resto de las familias no pudo ser. Con el aprendizaje que va dando la experiencia –no solo los habían llevado lejos sino que el complejo empezó a mostrar las pésimas condiciones de infraestructura y quienes fueron mudados empezaron a sentir la ausencia de los espacios sociales de contención, como comedores y centros comunitarios, que los asistían en la villa- los vecinos insistieron en que no se irían de la zona.
Así es que la ley establece la “transferencia de inmuebles, expropiación y rezonificaciones” de terrenos cercanos a la villa, predios que los mismos vecinos habían relevado. Esa lista fue la que el Ejecutivo tomó como propia y la transformó en proyecto de ley.
Ahora, el IVC ya no tiene excusas para comenzar con el proceso de adquisición de los terrenos, construcción de las viviendas y luego mudanza de las familias, algo que debería haber ocurrido hace ya varios años, según estableció la Corte Suprema de Justicia en el fallo de la causa “Mendoza”, emitido en 2008.
Tras la sesión en la Legislatura, los vecinos festejaron aunque adelantaron que seguirán reuniéndose para definir los pasos a seguir. Aún falta, pero el 27 de noviembre será de esas fechas que nunca podrán borrar de su memoria.
