En la audiencia celebrada ante el Tribunal el 30 de noviembre de 2016 se constataron deficiencias en el cumplimiento del programa establecido en la sentencia de la Corte del 8 de julio de 2008. Por esta razón, el máximo tribunal solicitó que la Acumar deberá “establecer un sistema de indicadores, presentar  informes periódicos e intensificar las tareas en el cumplimiento de la sentencia”, para lograr la correcta limpieza de la cuenca.  También sentenció: “Se deberá en un plazo perentorio de tres meses, medir el nivel de cumplimiento de los objetivos fijados en el ´Plan Integral de Saneamiento Ambiental, conforme a los acordes de sistemas de medición internacionales disponibles”.

Los jueces que ordenaron la limpieza valorizaron el control de la contaminación industrial, el saneamiento de los basurales  y la limpieza de márgenes, la expansión de la red de agua potable y cloacas, el plan sanitario de emergencia y calidad ambiental. El tribunal también exigió que los organismos responsables “avancen en la liberación del Camino de Sirga a la altura de las Villas 21-24 y 26 y en la relocalización de las familias que habiten en ellas”.