La represión a las mujeres en Plaza de Mayo, a los manifestantes en la Panamericana, a los chicos del comedor en Lanús y a docentes y estudiantes en el Congreso son sólo muestras de la línea que el Gobierno busca imponer ante la creciente conflictividad social.  El anunció para endurecer el Código Penal en lo referido a sanciones por amenazas, daños, abuso de armas y delitos contra la seguridad del tránsito y los medios de transporte en manifestaciones públicas es la cristalización de lo que viene ocurriendo en las calles.

De avanzar con la modificación de cuatro artículos, se sumarán gravísimas sanciones en el marco de manifestaciones y endurecerá las penas quienes utilicen “elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables, objetos capaces de dañar la integridad de las personas, o bienes, o con la cara cubierta a modo de impedir su identificación”. Las sanciones serían de hasta diez años de cárcel y da rienda suelta a la policía para realizar detenciones durante las protestas.