A través de un decreto de necesidad y urgencia, el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, impuso ayer a la Ciudad de Buenos Aires su “ley seca”. La norma prohíbe, concretamente, la venta de bebidas alcohólicas en los kioscos, maxikioscos, estaciones de servicios y lavaderos de autos durante las 24 horas del día. Entre las 23 y las 8 sólo podrán vernderlas restaurantes, bares, pizzerías y discotecas siempre y cuando sean para consumo dentro del local.

El decreto fue criticado duramente por la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), quienes acusaron a Ibarra de tener “actitudes dignas de un gobierno dictatorial” y de “avanzar sobre la libertad de comercio y las libertades individuales”. Además sostienen que la norma afectará a más de 10 mil comercios de la Ciudad.

En tanto el gobierno, fundamentó la normativa en “la absoluta necesidad de tomar urgentes medidas que pongan freno a la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas para su consumo en la vía pública” y en los “conflictos que genera la costumbre de beber en la calle hasta altas horas de la noche”. También sostiene que “buena parte” de los accidentes de tránsito se produce con la participación de conductores que han consumido alcohol.

Ejerciendo el poder de policía, los agentes de control del Gobierno de la Ciudad comenzarán a controlar el cumplimiento de la nueva disposición con sanciones que van desde multas de 300 a 10.000 pesos (dentro de los primeros 30 días y ante una primera infracción comprobada) y el retiro del local de la mercadería de comercialización prohibida, previo inventario que constará en el acta de contravención. Pasado el lapso de 30 días, a los comercios en infracción se les aplicará el mismo procedimiento anterior y se los clausurará preventivamente. En casos de reiteración de la infracción la autoridad de aplicación podrá retirar la habilitación del local lo que conllevará a la clausura definitiva del mismo.