El proyecto cuenta con el apoyo de María Rosa Muiños, Claudio Heredia (Bloque Peronista); Carlos Tomada, Paula Penacca, Andrea Conde (FpV) y Marcelo Ramal (FIT). El martes se reunieron con representantes de las organizaciones sindicales y de derechos humanos entre los que estuvieron: Santiago Magrone y Mariano Eliaschev, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); Daniel Vides, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA); Alejandro Carlos Ruiz, del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID); Miguel Iademarco, de Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Antonio Guillén, del Sindicato de Prensa Bonaerense (SiPreBO); Nora Anchart, de Organización Madres de Plaza de Mayo.
Además participaron trabajadores de distintos medios, como las agencias DyN, NA y Télam; Radio Nacional; Clarín; Tiempo Argentino; Agencia Paco Urondo; entre otros, que intercambiaron opiniones por casi dos horas.
Fuks, autor del proyecto, explicó que, a raíz de los incidentes ocurridos en la marcha por Santiago Maldonado como también en otras oportunidades, “el proyecto que presentamos busca que los periodistas no sean molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra restricción de sus derechos por el sólo hecho de estar ejerciendo su profesión durante la realización de manifestaciones públicas”. De este modo se modificaría la Ley de Seguridad Porteña -N° 5688- que establece las características y los criterios de uso directo de la fuerza de la nueva Policía de la Ciudad.
“Estamos ante una crisis de seguridad pública en la Ciudad y de posible fracaso de la Ley que se está incumpliendo. Es necesario visibilizar esto de forma urgente, y lo que sucedió en la marcha del 1, como también los antecedentes represivos del día del Ni Una Menos, entre otros, que ya están cruzando la línea roja de la transgresión para pasar a la ilegalidad”, señaló el Legislador.
Además, formaron parte de la mesa diferentes referentes de organismos competentes en materia legal y social, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio contra la Inseguridad y la Violencia Institucional (OCIVI), que apoyaron el proyecto y se pusieron a disposición de los trabajadores de prensa.
Por su parte, las organizaciones sindicales detallaron con minuciosidad la violencia institucional que sufrieron por parte de la Policía de la Ciudad. Además, manifestaron su apoyo al proyecto y coincidieron en la necesidad de trabajar de manera articulada con los diputados y organismos competentes para hacer públicos todos los hechos de violencia institucional a la que están sometidos durante su labor en la calle.
Asimismo, revelaron que hay una intención por parte del Gobierno de la Ciudad de impedir la documentación de las movilizaciones, y en consiguiente la represión ejercida por parte de las fuerzas de seguridad.
En los fundamentos del proyecto de los diputados se detalla “resguardar la tarea periodística, proteger especialmente la labor de los trabajadores de prensa en las manifestaciones públicas cuya labor puede ser central al momento de denunciar hechos de violencia estatal y aportar pruebas para la investigación judicial; constituye un elemento central a considerar en el protocolo de actuación policial”.
Fuente Diario Z
