La norma establece que en el caso de una toma, los directores deberán citar a los padres de los estudiantes para que retiren a sus hijos del colegio. Si los padres apoyan la ocupación del colegio serán ellos quienes se responsabilicen de los posibles daños del lugar.

En caso de una ocupación, los rectores o directores deberán permanecer en las instalaciones hasta que las acciones determinadas por el protocolo finalicen. El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el SAME serán los organismos encargados del chequeo de la situación.

 

Una vez finalizado el protocolo las autoridades relevarán un acta al Ministerio de Educación con los motivos de la toma, la situación del patrimonio escolar documentado con fotos y los datos de los padres que no retiraron a sus hijos del colegio. El expediente realizado a partir del acta será enviado a la Procuración General por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad.

 

Frente a los anuncios del Ministerio de Educación en los medios de comunicación, el asesor tutelar Gustavo Moreno, consideró que “cualquier propuesta de protocolo por parte del Poder Ejecutivo local deberá ser presentada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4 (a cargo de la señora Jueza Elena Liberatori)”, donde tramitan los amparos que cuestionaron el instructivo que criminalizó la protesta estudiantil durante el año 2017. En esas causas, los asesores tutelares que representaban a los alumnos, solicitaron como pretensión de fondo la sanción de un protocolo “que asegure el derecho a ser oído de los estudiantes de manera colectiva, con estándares mínimos de seguridad y de no criminalización, y con respeto al derecho a la educación de los estudiantes”. En las tomas del año pasado fue aplicado un protocolo que el Ministerio negó haber enviado.

 

Moreno y la asesora tutelar Mabel López Oliva denunciaron, entonces, que los directivos de tres colegios –Julio Cortázar, la Normal 2 Mariano Acosta y la escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano-, presentaron denuncias penales contra los estudiantes durante las tomas, a partir de un instructivo llegado a través del correo electrónico de la Dirección de Escuela Media.