Sacudidos por la marea verde, la dirigencia política comenzó a hacerse eco del reclamo de la calle para reducir la injerencia del clero en las decisiones políticas. El proyecto establece en primer lugar el fin de “las exenciones impositivas comprendidas en el Código Fiscal otorgadas a entidades religiosas en todas sus expresiones (lugares de culto, congregaciones, viviendas particulares o colectivas, fundaciones y ONG, empresas y entidades educativas)”.

Actualmente no pagan Ingresos Brutos, ABL y Patentes las empresas del clero, 238 parroquias y la Universidad Católica, que solamente en concepto de ABL se ahorra 8 millones de pesos anuales, según consignó Solano en el texto del proyecto.

El proyecto también  plantea terminar con las cesiones y permisos de uso a título precario y gratuito –un eufemismo para poner a disposición de la Iglesia el patrimonio de tierras e inmuebles de la Ciudad– y deroga la ley aprobada en 2015 por los bloques mayoritarios, por la que cedieron a perpetuidad al Arzobispado de Buenos Aires 17 predios por un valor de 5,2 millones de dólares.

Por último, se estipula el fin de los subsidios a entidades religiosas para el pago de servicios públicos.  Esto incluye la derogación de la Ordenanza 34.296 dictaminada en la última dictadura militar por el entonces intendente Osvaldo Cacciatore, que obliga al Tesoro de la Ciudad a hacerse cargo de la cuenta de la luz de la Catedral Metropolitana.

Fuente: Prensa Obrera